España, una monarquía parlamentaria regida por la Constitución de 1978, opera bajo un sistema político donde:

La soberanía nacional reside en el pueblo español, fuente del poder público y origen de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

Por consiguiente los ciudadanos tienen una responsabilidad compartida en los acontecimientos de nuestra sociedad.

La corrupción, alimentada tanto por personas corruptas como por quienes la ignoran, erosiona la confianza en nuestras instituciones y en la equidad de la ley. 

La Constitución Española confiere a los jueces un poder significativo para ejercer la justicia de forma independiente y segura. No obstante, los rumores sobre deficiencias en nuestro sistema judicial y la escasa sanción a los jueces suscitan dudas sobre su independencia e imparcialidad.

La falta de recursos y la lentitud en la administración de justicia, que a menudo se percibe como una prioridad secundaria frente a la recaudación de fondos, son obstáculos para una democracia funcional. 

Una justicia tardía es, en esencia, una injusticia. Los errores judiciales y la demora en la resolución de casos, causan daños irreparables, no mencionamos ninguno en concreto pero hay miles.

La aparente inacción frente a la corrupción dentro del poder judicial es una preocupación creciente en España. Aunque es un tema de debate popular, a veces parece ser más una herramienta de distracción política que un problema a solucionar.

Es crucial empatizar con aquellos afectados por estas deficiencias y trabajar proactivamente para prevenir tales injusticias. Para el bien común, debemos unirnos y colaborar en pos de la justicia. 

Es esencial exigir transparencia, responsabilidad y medidas efectivas en el sistema judicial.

Apoyar a quienes abogan por una justicia imparcial y eficiente es fundamental. 

Tu participación es clave en la lucha por una democracia robusta y un futuro más justo para todos.

 ¡Juntos, podemos marcar la diferencia!